Criminales ganarían poder por pandemia; crecerían secuestro, extorsión y robo

El informe elaborado por Integralia Consultores denominado “La inseguridad en tiempos del COVID-19 en México” señala que, dada la falta de una estrategia de seguridad concreta de combate a la delincuencia organizada, a corto plazo algunas organizaciones criminales saldrían fortalecidas de la contingencia sanitaria. “Con una base de apoyo social más fuerte y una presencia territorial mejor arraigada, lo cual hará más difícil enfrentarlas”, advierte el documento. Asimismo, se espera que en algunas regiones aumenten los enfrentamientos violentos entre grupos criminales por el control de las actividades delictivas, particularmente en el Bajío y el noroeste del país y es probable que las tasas de incidencia de delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión y robo, comiencen a incrementarse nuevamente conforme se reactiva la economía y se relajan las medidas de confinamiento social. En su informe, la consultora prevé “un repunte de los casos de robo a transportista, sobre todo en la zona centro del país, en las carreteras que conectan el puerto de Veracruz con la Ciudad de México. En la mayoría de los casos, este tipo de delitos es cometido por bandas pequeñas y desorganizadas pero que cuentan con apoyo de comunidades locales”. También prevalecerán problemas de coordinación y colaboración entre agencias de seguridad y entre niveles de gobierno y es poco probable que la Guardia Nacional alcance los objetivos de reclutamiento de nuevos elementos que se habían planteado para este año, por lo que la mayoría de sus elementos seguirán proviniendo de las Fuerzas Armadas. Derivado de todo lo anterior, “la inseguridad pública se mantendrá como un riesgo alto a nivel nacional”. El reporte coordinado por Carlos Rubio refiere que, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre marzo y mayo de 2020 se redujeron las carpetas de investigación de la mayoría de los delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, extorsión y robo (en todas sus categorías). “Esta inusual disminución podría explicarse por el inicio de la Jornada de Sana Distancia, que redujo las oportunidades de delinquir, o por el descenso de las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales, por temor a contagio. Cabe señalar que los datos del SESNSP tienen una alta cifra negra, es decir, son una porción del total de delitos que se cometen en realidad”. En contraste, apunta, aumentoÌ la tasa de homicidios dolosos, como resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control del territorio. Estos episodios de violencia se concentraron en cinco entidades: Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Michoacán. El informe considera que este aumento de la violencia ha ocasionado que caiga la confianza ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2018, al inicio del gobierno. López Obrador, el 48.8 por ciento de la población consultada creía que las condiciones de seguridad empeorarían o seguirían igual de mal; mientras que para marzo de este año, la cifra aumentó al 66.5 por ciento. De acuerdo con Integralia Cosultores, a poco más de 18 meses de que inicioÌ su gestión, el Gobierno Federal carece de una estrategia clara de combate a la delincuencia organizada, mientras que la Guardia Nacional, componente central de la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene objetivos claros o métricas específicas que permitan evaluar su desempeño. Desde principios de 2019, un contingente importante fue desplegado a la frontera sur para detener el avance de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos y en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, sus elementos se han dedicado también a supervisar filtros sanitarios, resguardar instalaciones de salud y trasladar medicamentos pero poco se sabe de los operativos en los que participa para combatir a la delincuencia organizada. “A poco más de un año de su creación, la Guardia no ha logrado una reducción contundente de la incidencia delictiva. Desde que inicioÌ el despliegue, de los diez Estados que cuentan con la mayor tasa de guardias nacionales por cada 100 mil habitantes, las tasas de homicidios dolosos han aumentado en seis”. Por otra parte, la aprobación ciudadana de la Guardia se ha mantenido relativamente estable en alrededor de 70 por ciento de la población encuestada; una cifra considerablemente inferior a los porcentajes de la Marina, que se ubica alrededor de el 86 por ciento y del Ejército, en el 83 por ciento y sólo ligeramente superior al que registraba la extinta Policía Federal, 63 por ciento. El reporte también indica que la participación de agencias de seguridad en tareas de salubridad —resguardo de hospitales, traslado de medicamentos, supervisión en filtros sanitarios y perifoneo en espacios públicos— ha abierto espacios que han sido aprovechados por las organizaciones criminales para afianzar su base social y control territorial. Por otra parte, el decreto presidencial que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, publicado en mayo de 2020, reforzó el carácter militar de la agenda de seguridad de esta administración y relega a un segundo plano la urgente tarea de profesionalizar y equipar a las Policías Estatales y Municipales. Las Policías son una de las instituciones peor evaluadas en el país, ya que en promedio sólo el 26.2 por ciento de la población se siente muy satisfecha o satisfecha con el servicio que brinda la Policía local. “Ello habla de una necesidad urgente de reformar, equipar y profesionalizar a los cuerpos policiacos civiles”. En contraste, hubo una redirección de los recursos destinados a estos cuerpos para salubridad pública: en abril, se autorizoÌ a Gobiernos Estatales y Municipales reprogramar los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para la compra de equipo médico y otros gastos derivados de la contingencia sanitaria por COVID-19; un presupuesto total de 11,443 millones de pesos para 2020. “Si bien aún no hay información suficiente sobre cómo se han utilizado esos recursos públicos en los últimos meses, necesariamente se verán afectados los programas de profesionalización, certificación, tecnología y equipamiento de policías locales para los que estaban destinados”. “En la misma línea, se redujo 30 por ciento el presupuesto asignado a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para 2020, como resultado de las medidas de austeridad que anuncioÌ el Presidente López Obrador en abril. Es probable que los rubros más afectados tengan que ver con tareas de prevención del delito, procuración de justicia y readaptación social, todos componentes de una estrategia de seguridad efectiva”.

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